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La Fiscalía exige que los juicios por delitos no graves se resuelvan en 72 horas

Pide que las faltas sean eliminadas del campo penal para liberar de trabajo a los fiscales y que los juzgados funcionen todo el día.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, manifestó ayer que no aceptará un anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) "que simplemente maquille la realidad procesal" y su "exigencia máxima" es "que haya celeridad de los procesos", por lo que se pedirá que el anteproyecto en el que trabaja el Gobierno se contemple que "los delitos de naturaleza no grave puedan ser juzgados sin instrucción en un máximo de 72 horas con la Fiscalía y los juzgados funcionando 24 horas".
Además, el fiscal general del Estado subrayó que va a exigir que la nueva ley recoja "una radical modificación en las disposiciones de la Policía Judicial para que tenga unidades exclusivamente adscritas a juzgados y fiscalías para hacer eficiente la investigación de delitos independientemente de los poderes ejecutivos". "La investigación de un delito debe estar sometida a la única autoridad del Ministerio Fiscal", ha dicho.
Torres-Dulce ha criticado que con la actual normativa la Fiscalía tiene una "multiplicidad de tareas que hace que las plantillas sean insuficientes", por lo que ha abogado por que los fiscales no se ocupen de las faltas y sean "expulsadas" del campo penal en la próxima LECrim.
Según ha explicado, existen pendientes 800.000 juicios de faltas "y en más de 300.000 tiene que acudir el Ministerio Fiscal", por lo que ya se ha pedido al Ministerio de Justicia "su práctica eliminación, lo que supondría que los fiscales se podrían concentrar en otras áreas más exigibles y las carencias de plantilla no serían tan acuciantes".
Por último, el fiscal general ha indicado que este mismo miércoles se ha enviado al Ministerio de Justicia un informe elaborado por parte de un grupo de trabajo liderado por el magistrado Manuel Marchena con apreciaciones sobre la futura normativa, y ahora el Ejecutivo "lo transformará en anteproyecto de Ley y lo someterá a juicio crítico de la Fiscalía, el Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, que tendrán que dar su opinión al respecto".