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El Fiscal General del Estado insiste en que la Fiscalía estará atenta procesos de las preferentes

Torres-Dulce ha dicho que "tenemos cada vez más procesos penales en marcha sobre los que el Ministerio fiscal va a estar al lado de quien reclame una infracción por razones de estafa".
Hay también casos "con visos de no mucha transparencia desde el punto de vista de las actuaciones de algunos organismos reguladores pero sin transcendencia penal"
Las participaciones preferentes han salido de las primeras planas de los periódicos pero las reclamaciones siguen en juzgados, despachos y entidades: el Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce ha recordado que en los casos en que sea encuadrable en un tipo penal la Fiscalía apoyará a los afectados. También ha recordado que está abierto el campo de los procesos civiles en Andalucía, Baleares y Galicia; donde el Ministerio Fiscal interviene en procesos de consumo para pedir una acción de cesación.
Eduardo Torres-Dulce se ha dejado ver en una entrevista televisiva y al ser preguntado por la situación de los afectados y reclamantes de las participaciones preferentes comercializadas a gran escala hace años y que ahora son irrecuperables o recuperables con unas condiciones muchas veces inasumibles ha insistido en que la Fiscalía está presente: "tenemos cada vez más procesos penales en marcha sobre los que el Ministerio fiscal va a estar al lado de quien reclame una infracción por razones de estafa" añadiendo que "se está interviniendo en procesos penales porque se ha llegado a la conclusión de que habida cuenta de las circunstancias personales de quien contrató preferentes y otros productos bancarios parecidos podría haberse incurrido en un engaño y, por lo tanto, en un delito de estafa", fundamentalmente cuando "la capacidad de comprensión del producto financiero por los ciudadanos no podía ser de tal manera o en algún caso excepcional cuando la situación interna de determinada corporación financiera hacía ya inviable ese producto financiero.



El Fiscal General del Estado matizó en la entrevista que en algunos casos el Ministerio Público ha visto que hubo negociaciones acerca de los productos de inversión "con visos de no mucha transparencia desde el punto de vista de las actuaciones de algunos organismos reguladores pero sin transcendencia penal".

Por lo civil, el Ministerio Fiscal está interviniendo en procesos de consumo para pedir una acción de cesación, tal y como ocurre en varias sedes judiciales de Baleares, Andalucía y Galicia. "Este campo está muy limitado -matizó Torres-Dulce-. Mi consejo es que todos aquellos ciudadanos que hayan visto defraudadas sus expectativas mediten con la asistencia letrada si les conviene ir a un proceso civil o a uno penal".