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PP y PSOE alcanzan un acuerdo para supervisar el arbitraje en los casos de las preferentes

Los dos principales grupos parlamentarios, Popular y Socialista, han alcanzado un acuerdo para dar salida a todos los afectados por las preferentes, un producto bancario de alto riesgo comercializado por varias cajas de ahorros y que ha provocado que miles de clientes pierdan sus ahorros, acuerdo que implica la creación de una comisión de seguimiento que decidirá qué clientes pueden acudir a un arbitraje que les permita recuperar el cien por cien de su invesión.

Antecedentes del acuerdo

"Ante el problema de la mala comercialización minorista de instrumentos híbridos en las entidades Catalunya Banc y NovaGalicia Banco -tal y como comienza el propio texto del acuerdo- a lo largo del segundo semestre de 2012 se pusieron en marcha sendos procedimientos de arbitraje público para ofrecer una solución más ágil y menos onerosa que la jurisdiccional a los afectados por una comercialización incorrecta de estos productos"

Dichos procesos estuvieron a cargo de las respectivas consejerías autonómicas con competencias en consumo, y fueron impulsados por las entidades, que contaron con el asesoramiento de expertos independientes para el filtrado de las solicitudes, basándose en:

Criterios objetivos: falta de documentación relevante o irregularidades en la misma (falta de firma, firma de un menor o de una persona con minusvalía psíquica sin firma de sus tutores legales, etc.).
Criterios de perfil inversor: se analiza al titular y a los cotitulares del producto, utilizando criterios como por ejemplo la conclusión del Test de Conveniencia Mifid, la edad, la renta y su origen, la profesión, otros productos financieros contratados, la proporción de importe reclamado sobre el total de capital personal, conducta histórica del cliente.

Reforma legal

Para prevenir situaciones similares, la Ley 9/2012 introdujo restricciones a la comercialización de estos productos:

se exige un tramo para inversores profesionales mínimo del 50% y una inversión mínima de 100.000 euros en el caso de las sociedades no cotizadas y de 25.000 euros en el de las cotizadas.
Se refuerzan los poderes al respecto de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y
Se pide a los clientes minoristas no idóneos que escriban de su puño y letra que han sido advertidos de que el producto no les resulta conveniente.
La propuesta: creación de un mecanismo de arbitraje similar para el resto de entidades nacionalizadas o en vías de serlo

En línea con lo anunciado en sede parlamentaria a finales de 2012, la propuesta acordada por los grupos parlamentarios mayoritarios señala que "se está trabajando para poner en marcha un procedimiento similar para el caso de Bankia", y que eventualmente "podría aplicarse algo similar para otras entidades que se prevé sean nacionalizadas o hayan recibido apoyo público, si se identificasen problemas de comercialización similares."

Además el acuerdo prevé que se procure que "aquellos titulares minoristas que opten por el arbitraje puedan, como regla general, elegir sede de arbitraje próxima a su domicilio, sin perjuicio de que determinadas inversiones de elevada cuantía puedan someterse a reglas específicas de competencia".

Ante la necesidad de llevar a cabo un seguimiento de los resultados de estos procesos de arbitraje y de articular eventualmente medidas adicionales de protección de los ahorradores, se acuerda crear una comisión de seguimiento (CSA) de los procedimientos de arbitraje de instrumentos híbridos de capital comercializados a particulares por entidades que han recibido apoyo público, cuyos objetivos serán:

Seguimiento de los procedimientos de arbitraje, en particular mediante la fijación y supervisión de los criterios de carácter objetivo y de perfil del inversor utilizados en el proceso de filtro de solicitudes.
Elaboración de informe de estado de situación al mes de constituirse, que se deberá elevar al Parlamento.
Informe mensual estadístico detallado de la evolución de los arbitrajes y de las características de los afectados por los mismos.
Elevar propuestas al Gobierno que mejoren la transparencia de la comercialización de los productos financieros y de protección de los pequeños ahorradores.
Su composición incluiría instituciones con competencias en la comercialización de instrumentos híbridos de capital, en cuestiones financieras, en los procedimientos de arbitraje, y en control de los recursos públicos, proponiéndose la Presidencia para la presidenta de la CNMV, Elvira Rodríguez -responsable de la supervisión de la comercialización de estos instrumentos- y la Vicepresidencia para el Banco de España -que también ejerció cierta actividad supervisora en la comercialización de estos productos por consideraciones de riesgo reputacional de las entidades-.

Además se contempla la participación de:

SG de Sanidad y Consumo - Instituto Nacional de Consumo
SG del Tesoro y Política Financiera
Consejerías Autonómicas con competencias en consumo que han participado en los procesos de arbitraje
Consejo de Consumidores y Usuarios