Colegio de Abogados de Girona califica de ‘falacia’ el anuncio de reducción de las tasas judiciales
El Colegio de Abogados de Girona ha calificado de “falacia” el anuncio hecho por parte del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón a la Defensora del Pueblo, sobre la reducción de un 80% en las tasas judiciales variables de las personas físicas.
En una nota de prensa emitida este jueves, el ICAG destaca que la comunicación del ministerio haya coincidido con la jornada de huelga convocada por las asociaciones profesionales de jueces y fiscales y lamenta que “por lo que se ha anunciado, sólo se reducirá la parte variable de la tasa que, de suponer un 0,5% de la cuantía del pleito, pasará a ser de un 0,1%”. En cambio, prosigue, “las cuantías fijas, que son las más onerosas en la gran mayoría de los pleitos, se mantienen”.
A modo de ejemplo, los responsables del Colegio explican que para interponer una demanda civil ordinaria de reclamación de 10.000 €, una persona física ahora debe pagar 300 € por la parte fija más 50 € por la parte variable, lo que supone un total de 350 €. Tras la reducción anunciada, el ciudadano seguirá pagando 300 € por la parte fija, más 10 € por la parte variable, lo que resulta en un total de 310 €. En este caso, por tanto, la reducción de la tasa será de un 11,42%, “muy alejada del 80% de reducción que inducen a pensar desde el Ministerio”, indican.
“El caso se vuelve más flagrante en el supuesto de la segunda instancia del mismo procedimiento. Si una de las partes no está de acuerdo con la sentencia que recaiga y quiere apelar, ahora pagaría una tasa fija de 800 € y una variable de 50 €, total, 850 €. Una vez entre en vigor la reforma anunciada, pasará a pagar 810 € en total. La reducción, por tanto, sería en este caso sólo del 4,71%”, explican.
Por su parte, el Consejo de la Abogacía Catalana (CICAC), ha reiterado, al igual que hizo horas antes el Consejo de la Abogacía Española (CGAE), la supresión definitiva de las tasas judiciales. Ambos consideran que la reducción en un 80% de las tasas judiciales variables -de las personas físicas en los recursos de los procedimientos civiles, contencioso-administrativo y social- y el mantenimiento de las tasas fijas queda “muy lejos” de las peticiones que se están solicitando desde la Abogacía.
